La opinión de Bartolomé Espases. Inca, un polvorín. Las instalaciones del antiguo polvorín del Ejercito de Tierra en los bajos del Puig de Santa Magdalena de Inca, suscitaron en la noche de este jueves una dura intervención del alcalde, Virgilio Moreno, en el transcurso del pleno celebrado por la Corporación, ante la insistencia de la concejal de Vox, Fani Blasco, solicitando información al equipo de gobierno en relación a la situación actual de este complejo en desuso.

Moreno, ya de por sí molesto con la polémica desde el Dimecres Bo y su encontronazo con el presidente del CIM, Llorenç Galmés, remitió a la portavoz de Vox a la institución insular, en especial «a sus compañeros que gobiernan en la entidad», pidiéndole que les preguntará a ellos y que encarecidamente «dejen de presionar sobre este asunto y que «aclararen su posición».

La realidad és la que és. En este caso hay que darle la razón al número uno del Consistorio inquense, puesto que el antiguo recinto militar no reúne las condiciones necesarias de salubridad ni de habitabilidad para que pueda acoger a los denominados «menas», una situación constatada y confirmada fehacientemente por distintos «informes», incluso del propio Ministerio de Defensa.

Está claro a estas alturas «a pesar de la insistencia del IMAS dependiente del CIM» que si las instalaciones del antiguo polvorín y guarnición militar «no son aptos» para acoger a personas, pues no deben acogerlas, menos si se trata de menores, en especial si se argumenta que ni dispone de agua potable, salida de residuales y que se localiza como argumentó Virgilio Moreno en una «zona abrupta». En definitiva la instalación «no se encuentra en condiciones de albergar a personas ni menores ni mayores» como afirmó y reafirmó el alcalde.

Tampoco es de recibo, lo hemos sabido ahora los ciudadanos de Inca, que en la localidad ya se radican tres centros para la atención de menores no acompañados procedentes de las migraciones presentemente desde el norte de África, el Sahel, Marruecos y otros países limítrofes del área mediterránea, que acogen a 60 personas de estas características. Lo más curioso de la situación, inexplicable a todas luces, és que el último centro que se abrió en la localidad hace más de un año «no fue notificado ni a los cuerpos de seguridad, entiéndase Guardia Civil, Policía Local, ni incluso al propio Ayuntamiento, ni a los vecinos del edificio». Un hecho que ha salido a la luz a raíz de la polémica del polvorín de Santa Magdalena. El alcalde ha criticado duramente el hecho calificándolo de una clara «deslealtad institucional», como ahora mismo la insistencia del Consell Insular de Mallorca en intentar el uso de la antigua instalación militar, al mismo tiempo que pedía una rectificación inmediata del calificativo de «xenófobos» como se adjetivo a la ciudad.

Además, sería un acierto que en el futuro el Ayuntamiento de Inca optara por la compra de las instalaciones del antiguo polvorín militar e instalaciones anexas, si salen a la venta por parte de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, para destinarlas a uso público de los ciudadanos de Inca, como así ya ha adelantado en la misma sesión plenaria esta voluntad política Virgilio Moreno: «lo compraríamos, claro que compraríamos el recinto después de entablar negociaciones» con los organismos estatales, «está claro que nos interesa».

Así las cosas, es difícil que el recinto militar a los pies del Puig de Santa Magdalena pueda acoger a los llegados en nuevas oleadas de migraciones a la Isla de Mallorca, no reúne las condiciones apropiadas y es evidente que ello supondría un importante desembolso económico por parte de los organismos insulares, en este caso entiéndase el Imas perteneciente al Consell Insular de Mallorca y que no tiene ningún tipo de potestad sobre las instalaciones, a no ser, póngase el caso, una negociación con el Gobierno Central, un extremo descartable inicialmente.

Virgilio Moreno alabó en su intervención la labor y las innumerables gestiones llevadas a cabo con el Imas y distintos organismos del Consell Insular de Mallorca, sobre el polémico asunto, por parte de la responsable de Servicios Sociales, Maria Antonia Pons, que «en todo momento» ha estado pendiente y trabajando en la materia». Aseguró que sus llamadas y contactos sobre este asunto han sido «permanentes». B. Espases Amer.