MALLORCA NECESITA UNA POLÍTICA DE VIVIENDA PENSADA PARA QUIENES VIVEN Y TRABAJAN AQUÍ. Durante años se ha querido atribuir la saturación de Mallorca exclusivamente al turismo. Sin embargo, basta recordar cómo estaban nuestras carreteras, nuestros centros de salud, nuestros servicios públicos y nuestras infraestructuras durante muchos meses de invierno para comprender que el fenómeno es mucho más complejo. En invierno no hay millones de turistas recorriendo la isla. Sin embargo, los problemas de congestión, de acceso a la vivienda y de presión sobre los servicios públicos ya eran evidentes.

Esto obliga a analizar con serenidad una realidad que afecta directamente al futuro de Mallorca: el extraordinario crecimiento demográfico experimentado durante los últimos años. La población de Baleares ha aumentado de forma muy significativa en la última década, siendo los movimientos migratorios uno de los principales factores que explican este crecimiento. Mallorca, como principal isla del archipiélago, ha concentrado buena parte de ese incremento poblacional, con las consecuencias que ello comporta sobre el territorio, la vivienda, la movilidad y los servicios públicos.

No se trata de cuestionar a quienes han llegado para trabajar, emprender o desarrollar un proyecto de vida. Mallorca ha sido históricamente una tierra abierta y acogedora. Muchas empresas han necesitado incorporar trabajadores procedentes de otros territorios para poder mantener su actividad. En determinados momentos, incluso grandes compañías hoteleras, comerciales y de restauración llegaron a facilitar alojamiento a sus empleados para garantizar la prestación de servicios. Pero también es cierto que todo crecimiento tiene límites. Más población implica una mayor demanda de viviendas, más vehículos circulando por unas infraestructuras limitadas y una presión creciente sobre unos recursos naturales que son necesariamente finitos. La cuestión fundamental no es quién llega, sino cuánto crecimiento puede soportar Mallorca sin comprometer la calidad de vida de quienes ya residen en la isla.

Este debate adquiere una especial relevancia cuando hablamos de vivienda y de las actividades económicas vinculadas a ella. Cada vez son más los ciudadanos que observan cómo acceder a una vivienda resulta extraordinariamente difícil para quienes han nacido aquí, trabajan aquí y desean desarrollar aquí su proyecto de vida. Por ello, resulta legítimo abrir una reflexión sobre si determinadas políticas públicas relacionadas con la vivienda deberían incorporar criterios que tengan en cuenta el arraigo, la residencia efectiva y la vinculación estable con Mallorca. No se trata de establecer diferencias por razón de nacionalidad.

Se trata de analizar si, en un territorio limitado y sometido a una enorme presión demográfica, las administraciones deben priorizar a quienes mantienen una residencia permanente, contribuyen de forma continuada a la economía local y forman parte del tejido social de nuestras islas.

Mallorca no puede permitirse que sus jóvenes, sus trabajadores y sus familias se vean progresivamente expulsados del acceso a la vivienda mientras la presión demográfica continúa aumentando año tras año. Defender el arraigo no significa rechazar a nadie. Significa proteger un equilibrio territorial, social y económico que resulta imprescindible para garantizar la sostenibilidad futura de laisla. Mallorca necesita un debate serio, valiente y libre de prejuicios sobre los límites del crecimiento, el acceso a la vivienda y las prioridades de las políticas públicas. Porque la verdadera sostenibilidad no consiste únicamente en proteger el territorio, sino también en garantizar que quienes viven y trabajan aquí puedan seguir haciéndolo en condiciones dignas. Jordi Cerdó Cladera Presidente de la Federación de Estancias Turísticas Vacacionales (FETV).