El Govern de las Islas Baleares ha impulsado la revisión y regularización de la Renta Social Garantizada (RESOGA) tras detectar miles de expedientes suspendidos sin revisar ni notificar durante la legislatura anterior. La RESOGA es una prestación económica de último recurso destinada a garantizar unos ingresos mínimos a las personas y familias en situación de vulnerabilidad social o económica.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, acompañada de la directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti, ha presentado hoy los resultados de la revisión y las medidas adoptadas para garantizar una gestión más justa, transparente y eficaz de esta prestación.

Fernández ha recordado que "cuando llegamos al Govern nos encontramos con una prestación desbordada y caótica, con miles de expedientes suspendidos sin revisar ni notificar". Por este motivo, a iniciativa de la Conselleria de Familias, se solicitó una auditoría independiente destinada a revisar y evaluar la gestión de la Renta Social Garantizada, que se llevó a cabo en el marco del Programa de control financiero de la Conselleria de Hacienda, mediante la elaboración de un informe específico sobre la RESOGA.

Desde enero de 2024, con los primeros datos de esta auditoría, la Conselleria ha trabajado para restablecer el control, reforzar los mecanismos de seguimiento y asegurar la transparencia y la seguridad jurídica del sistema.

Un total de 6.300 expedientes suspendidos y sin notificar. Según los datos presentados, el Govern anterior suspendió, sin notificarlo previamente a las personas perceptoras de la prestación, más de 2.300 expedientes en el caso de Resoga16 (regida por la Ley 5/2016) y, en junio de 2023, suspendió unos 4.000 más correspondientes a Resoga20 (regida por el Decreto-ley 10/2020) de manera masiva y automática, mediante cruces informáticos que no se revisaron individualmente. Ese mismo mes se ejecutaron dos nuevas suspensiones masivas adicionales. Además, parte de estos expedientes estaban duplicados o ya no estaban activos, ya que algunas personas habían dejado de percibir la prestación años antes.

El nuevo equipo de la Conselleria ha revisado todos los expedientes de Resoga16 y ya ha completado más de 900 revisiones de Resoga20, lo que ha permitido aclarar la situación administrativa de miles de familias y detectar posibles cobros indebidos que hasta ahora no se habían controlado. En total, se han reclamado 211.940 € derivados de 667 expedientes de Resoga16 y entre 1,6 y 2,4 millones de euros más procedentes de los casos ya revisados de Resoga20.

Para hacerlo posible, la Conselleria ha reforzado los equipos humanos, pasando de una veintena de personas a 47 profesionales dedicados exclusivamente a la revisión y tramitación. También se han creado cinco plazas estructurales nuevas y se ha licitado un contrato externo para acelerar la revisión de los expedientes pendientes.