
AGENCIA MANACORNOTICIAS 17/11/2026 - 11:29:07 | ![]() ![]() |

![]() | Esta responsabilidad institucional cobra especial relevancia porque el 14 de julio de 2025, con la apelación todavía pendiente, el Ayuntamiento presentó al mismo funcionario como jefe temporal |
COMUNICADO: El TSJ estima el recurso de UGT Serveis Públics y anula el nombramiento de un subinspector de la Policía Local de Manacor. La Sala concluye que la equivalencia alegada no podía sustituir la titulación exigida para acceder a una plaza del subgrupo A2 y confirma la legitimación del sindicato para defender la legalidad de los procesos de provisión. En septiembre de 2021, el Ayuntamiento de Manacor dejó sin efecto una resolución anterior y acordó el nombramiento de un subinspector de la Policía Local mediante un procedimiento de movilidad. UGT decidió recurrir esta decisión al considerar que la persona nombrada no disponía de la titulación exigida para acceder a una plaza clasificada en el subgrupo A2.
El recurso fue inicialmente desestimado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma, que entendió que una equivalencia reconocida al amparo del antiguo Decreto 59/2006 permitía acceder a la plaza. UGT mantuvo su posición y recurrió la sentencia porque consideraba que esa interpretación no respetaba la legislación básica en materia de función pública. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha estimado ahora el recurso de apelación presentado por UGT, ha revocado la sentencia anterior y ha anulado el Decreto de Alcaldía 2021/3018 por no ser conforme a Derecho.
El TSJ concluye que para acceder a la plaza de subinspector del Ayuntamiento de Manacor era necesario disponer de la titulación correspondiente al subgrupo A2. Según la sentencia, la equivalencia invocada en este caso no constituía una titulación académica oficial y el reconocimiento realizado anteriormente por otro ayuntamiento no podía convertirse en una habilitación general para acceder a plazas de esa clasificación en otras administraciones.
La Sala recuerda que ni una norma reglamentaria autonómica ni una decisión municipal pueden dejar sin efecto los requisitos establecidos por la legislación básica estatal. Estos requisitos están directamente relacionados con los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso, la promoción y la provisión de puestos en el empleo público. Para UGT Serveis Públics, esta resolución no debe interpretarse como un pronunciamiento contra la trayectoria profesional de ninguna persona. Lo que estaba en discusión era si una Administración podía considerar cumplido un requisito de acceso mediante una equivalencia que, según el Tribunal, no sustituía la titulación legalmente exigida.
Las reglas de acceso al empleo público deben ser conocidas y aplicarse por igual a todas las personas. Respetarlas protege a quienes participan en los procedimientos, aporta seguridad jurídica a las administraciones y evita que una decisión adoptada hoy termine generando años después consecuencias personales y organizativas difíciles de reparar. La sentencia también confirma la legitimación de UGT para recurrir decisiones administrativas relacionadas con la selección y provisión de personal. El Tribunal reconoce que la defensa de la igualdad en el acceso al empleo público y del cumplimiento de sus reglas forma parte de los intereses profesionales y colectivos que corresponde defender a las organizaciones sindicales.
UGT considera especialmente relevante este pronunciamiento. La acción sindical no se limita a la negociación en las mesas: también implica vigilar que los acuerdos, las convocatorias y los nombramientos respeten la legalidad y no perjudiquen las expectativas legítimas del conjunto de trabajadores y trabajadoras. La resolución lleva también a UGT a exigir explicaciones al Ayuntamiento de Manacor sobre la gestión de este expediente. La propia Administración municipal dejó inicialmente sin efecto la propuesta de nombramiento por falta de documentación y, posteriormente, rectificó y aprobó la designación que ahora se anula. UGT considera que un cambio de criterio con estas consecuencias merece una explicación pública y transparente.
Esta responsabilidad institucional cobra especial relevancia porque el 14 de julio de 2025, con la apelación todavía pendiente, el Ayuntamiento presentó al mismo funcionario como jefe temporal de la Policía Local. Sin prejuzgar la legalidad de esa designación, distinta del nombramiento anulado, UGT reclama que el consistorio examine las consecuencias de la sentencia y adopte las medidas legalmente procedentes. Las reglas deben aplicarse con el mismo rigor a todo el personal, sin excepciones ni dobles criterios. La organización sindical pide a las administraciones públicas que refuercen la comprobación de los requisitos antes de efectuar los nombramientos y que cualquier reforma de las vías de acceso, promoción o movilidad se aborde con carácter general, mediante normas claras y con la correspondiente negociación.
Las soluciones individuales no pueden sustituir unas reglas que deben ser iguales para todos. La propia Sala reconoce que se trataba de una cuestión jurídica compleja y no impone las costas de ninguna de las dos instancias. Asimismo, la resolución contempla la posibilidad de interponer recurso de casación, por lo que UGT seguirá la evolución del procedimiento con la prudencia necesaria. Esta sentencia deja, en todo caso, una idea clara: las administraciones son las primeras obligadas a respetar las reglas que exigen a quienes trabajan o aspiran a trabajar en ellas.


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